Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
GUANAJUATO.- En su informe correspondiente al primer semestre de 2023 “Violencia contra la prensa: entre ataques, estigmatización y ausencia del Estado” la organización internacional Artículo 19 documentó 272 agresiones en el país, con el Estado como el principal perpetrador.
La Ciudad de México es la entidad con el mayor número de agresiones, 65, de las cuales 42 (más de la mitad) provienen de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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“En este espacio de las conferencias mañaneras, el poder ejecutivo federal mencionó y calicó de manera negativa a la prensa en 114 ocasiones, de las cuales 42 fueron calificadas como agresiones directas”, señala el informe de la organización defensora de periodistas y libertad de expresión.
De estos 42 casos, 39 fueron contra medios con sede en la propia Ciudad de México, con presencia nacional, entre estos: Reforma, Aristegui Noticias, Ciro Gómez Leyva y Proceso.
En el presente sexenio, cada 16 horas se ha cometido algún tipo de ataque contra medios y periodistas, y por lo menos en una de cada dos ocasiones han sido autoridades y funcionarios de distintos niveles los responsables.
En lo que va del año, consigna la organización en este informe, hay una violencia sostenida contra periodistas y medios, “lo que es un reflejo tanto de una serie de discursos estigmatizantes contra la prensa, catalogándolos como adversarios a la ciudadanía, y de una impunidad y falta de atención a los casos de violencia contra periodistas”, tanto del pasado como del presente.
En los casi cinco años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 41 periodistas y comunicadores han sido asesinados.
El acumulado de agravios durante los casi cinco años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador suma 2 mil 941 casos registrados por Artículo 19.
El informe precisa que en los primeros seis meses del 2023 al menos tres periodistas fueron asesinados, en crímenes con un posible vínculo con su labor.
El 23 de mayo fue asesinado Marco Aurelio Ramírez Hernández en Tehuacán, Puebla; el 7 de julio el corresponsal de La Jornada en Nayarit, Luis Martín Sánchez Íñiguez, fue privado de su libertad y posteriormente de la vida, mientras que Nelson Matus Peña, director del sitio “Lo Real de Guerrero” murió asesinado el 15 de julio en Acapulco.
En el mismo periodo, otro periodista fue víctima de desaparición. A la fecha, hay 32 periodistas en esta calidad, cinco de los cuales han desaparecido en lo que va del sexenio de la 4T.
El informe describe los diversos tipos de agresiones cometidas en contra de periodistas: intimidaciones y hostigamientos en 68 casos; uso ilegítimo del poder público en 61 casos y amenazas en 49 casos, que en conjunto representan poco más del 65 por ciento de total de agresiones que se reportaron.
Los casos consignados en el informe semestral corresponden a casos ocurridos en 26 estados. Por número de agresiones, la Ciudad de México ocupó el primer lugar (65 casos, o 23.90% del total), después Quintana Roo (21 casos, equivalente a 7.72%), en tercer sitio Guanajuato (con 19 casos, es decir el 6.99%), Puebla ocupó el cuarto lugar (18 casos, o el 6.62%), y en el quinto Coahuila, con 17 casos, o el 6.25%.
Repunta agresiones de funcionarios federales
En cuanto a los responsables, 102 de las agresiones fueron cometida por funcionarios públicos de diversos niveles; fuerzas de seguridad civiles en 34 casos, mientras que las fuerzas armadas incurrieron en cuatro agresiones.
Esto es, que las autoridades fueron responsables en casi el 51.5% del total de los casos registrados.
De manera específica, Artículo 19 encontró que servidores públicos de gobiernos estatales fueron los agresores en el mayor número de ocasiones (64 casos), seguidos de funcionarios federales en 53 casos, mientras que funcionarios municipales fueron perpetradores en 23 agresiones.
La organización resalta: “Este periodo es la primera vez desde el año 2016 que la organización documenta que el nivel federal corresponde al segundo lugar en agresiones, siendo comúnmente el último; por lo que preocupa de sobremanera el continuo uso de la tribuna pública para estigmatizar o criminalizar a la prensa”, en alusión al cotidiano discurso del presidente López Obrador desde la conferencia mañanera.
En este sentido, paradójicamente el mayor riesgo en la cobertura detectado contra el gremio periodístico desde 2017 estriba en los temas de corrupción y justicia; en segundo lugar está la cobertura de seguridad y justicia.
“Este hecho resalta una vez más el potencial rol de las autoridades en la violencia contra la prensa”, expuso Artículo 19.
Las agresiones han sido lo mismo en forma de intimidación, hostigamiento y amenazas que hasta privaciones ilegales de la libertad.
Y aunque las autoridades repiten el discurso de que las agresiones en contra de la prensa en México ocurren en la cobertura de la llamada “nota roja”, y no desde la administración pública, los casos documentados indican lo contrario.
“La documentación de este semestre vuelve a confirmar que en México, cubrir la actividad de las y los políticos es la principal actividad de riesgo”, concluye este reporte.
Con información de Proceso
