Por Alejandro Peza/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Antorchistas de Quintana Roo amenazaron con el inicio de marchas y plantones en las ciudades de Cancún y Chetumal como medida de presión para obtener la libertad de Pedro Ramos Diego y Cesar Jacinto González, ambos detenidos durante los enfrentamientos que se registraron en la comunidad de Mayabalam.
“Hace meses planteamos la liberación de dos de nuestros compañeros de la comunidad de Mayabalam que arbitrariamente fueron detenidos por agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado, estos campesinos están encerrados desde hace ocho meses por delitos que no cometieron”.
Los Antorchistas informaron que sus protestas iniciaran el 10 de noviembre en las ciudades de Chetumal y Cancún.
Daniel Osorio García, dirigente de Antorcha Campesina recordó que están solicitando que el gobierno del estado cumpla el acuerdo de una minuta firmada a principios del mes de enero de este año, donde se decía que el gobierno iba a intervenir atreves de la dotación de 9 concesiones de transporte público en el poblado de MayaBalam.
El dirigente, señalo que también hubo la promesa de que el gobierno estatal iba a intervenir para que se avanzara con la entrega de los lotes o de las tierras que los pobladores han trabajado desde hace años.
Daniel Osorio García, recordó que esta población es de migrantes guatemaltecos y viven en una superficie de 3 mil 150 hectáreas, mismas que son administradas por el Gobierno de Quintana Roo.
“El gobierno se comprometió hacerlo y se firmaron acuerdos y hasta ahora no se han cumplido, eso ha llevado a que la gente tenga incertidumbre y se anden peleando entre ellos, mientras no se cumpla ese acuerdo, pueden volver a nacer los actos de violencia que se dieron a finales del año pasado y principios de este años”.
Cabe recordar que el 6 de enero del presente año 2020, tras enfrentamientos entre los grupos encabezados por el subdelegado César Jacinto González, y el presidente de la Cooperativa Maya Balam, Emiliano Calmo, se registró un bloqueo a la carretera Bacalar-Limones.
El resultado de ese enfrentamiento derivó en varios lesionados, vehículos y casas quemadas, además de que un grupo de familias huyó por riesgo a su integridad.
Para conciliar entre los grupos en confrontación, el Gobierno del Estado propuso la entrega de nueve concesiones de transporte al grupo de Jacinto González, pero las concesiones hasta ahora no se han entregado.