Redacción/NOTICARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.- ARTICLE 19, el Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Comunicación e Información de la Mujer A.C., la Red Nacional de Periodistas, la Red de Periodistas de Quintana Roo y Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenan los actos de violencia recientes en contra de Cecilia Reyna Solís Martín, conductora del programa Informedia TV y reportera del Diario de Quintana Roo.
Entre los meses de octubre y noviembre del presente, Cecilia Solís ha sido víctima de una serie de hostigamientos y amenazas por parte tanto de sujetos desconocidos como de elementos de las fuerzas de seguridad del municipio de Benito Juárez y del estado de Quintana Roo:
El 11 de octubre 2021 sujetos desconocidos dejaron un mensaje intimidatorio en el vehículo de Solís, afuera de su domicilio: Pongase v*rga p*nche reportera chismosa vallale bajando de huevos anda creyendose muy v*rga.Atte C.C. (sic)
El viernes 5 de noviembre, un familiar de Cecilia Solís, cuyo nombre se reserva por seguridad, fue amenazado con un arma de fuego por un sujeto desconocido, mientras transitaba entre la avenida Kabah y Ruta 5. Según el relato de Solís, un hombre que vestía con gorra blanca y pantalón de mezclilla le tocó la ventana del lado del conductor con un arma de fuego. El fotoperiodista aceleró en su vehículo y escapó del lugar.
Un día después, el sábado 6 de noviembre, cerca de las 10 de la mañana, mientras Cecilia Solís daba cobertura a la conferencia de prensa de las víctimas del #9N, elementos de la Policía Municipal de Benito Juárez intentaron remover la placa de su vehículo e imponer una multa por estacionarse en una zona no permitida. Según las declaraciones de Solís, se tenía el permiso correspondiente y la unidad se encontraba debidamente estacionada. Solís es beneficiaria del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas. Cuando las escoltas otorgadas por el Mecanismo fueron a verificar los hechos, los elementos de la policía se disculparon, regresaron la placa y se retiraron.
Ese mismo día una de las escoltas de la periodista reportó que los mismos elementos policiacos asignados al ayuntamiento la fotografiaron e interrogaron sobre sus permisos para dar protección a Solís.
También el mismo día y saliendo del evento cerca de las 16:30, el familiar de Solís fue retenido por la policía estatal, quienes argumentaron que “su vehículo tenía un reporte de robo que se había hecho el día viernes”. Dicho reporte había sido un reporte de la amenaza descrita previamente y no de un robo.
Cecilia Solís también relata a las organizaciones firmantes que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo le pidieron eliminar publicaciones en sus redes sociales personales en donde expresan su descontento con el seguimiento de su caso.
Los hechos aquí descritos se dan en el marco de las protestas del 9 de noviembre de 2020, cuando la Policía Municipal de Benito Juárez, adscrita al Mando Único Policial de Quintana Roo, reprimió y dispersó a balazos una manifestación en donde resultaron heridas o detenidas arbitrariamente al menos 11 personas, entre ellas Cecilia Solís, quien sufrió un impacto de bala.
Preocupa a las organizaciones firmantes que a un año de que las autoridades violentaron los derechos de manifestantes y periodistas durante una protesta, no solo no hay avance en los procesos contra los responsables, sino que persisten actos de hostigamiento hacia las víctimas. Cabe resaltar que redes de periodistas y organizaciones internacionales de libertad de expresión alertaron desde marzo del presente que la periodista sufría de acoso e intimidaciones.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció en el caso Víctor Manuel Oropeza v. Mexico, (11.740) que el Estado “debe enviar a la sociedad el mensaje firme de que no habrá tolerancia para quienes incurran en violaciones graves al derecho a la libertad de expresión”.
Con relación a los hechos narrados, ARTICLE 19, el Comité de Protección a Periodistas (CPJ), Comunicación e Información de la Mujer A.C., la Red Nacional de Periodistas, Red de Periodistas de Quintana Roo y Reporteros Sin Fronteras (RSF) exigen:
Al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, programar lo más pronto posible la reevaluación de su caso, así como modificar las medidas de protección en acorde a las necesidades de la periodista y su familia.
También, conminan al Mecanismo a cumplir con la medida de mesas de trabajo entre víctimas, periodistas, autoridades estatales y la Segob ofrecidas a Solís y varios periodistas en sus planes de protección. Esto con el fin de generar un ambiente seguro y propicio para el ejercicio del periodismo en Quintana Roo.
A la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, investigar y llevar a justicia a las personas responsables de los hechos que atentaron contra la vida de varias mujeres y periodistas el 9 de noviembre de 2020. Asimismo, investigar las amenazas y hostigamiento institucional que han ejercido personas funcionarias públicas en contra de Cecilia Solis.
A las autoridades del municipio de Benito Juárez y a las autoridades del estado de Quintana Roo garantizar la seguridad e integridad física de Cecilia Solís y su familia y a tener un diálogo continuo con la periodista. Asimismo, pide al gobierno de Quintana Roo reconocer, mediante un comunicado público, la importancia de la labor periodística y la libertad de expresión en el estado.
Finalmente, exigen recuperar las recomendaciones de la CNDH e instancias internacionales en torno a los más altos estándares de derechos humanos y libertad de expresión para así cumplir con sus obligaciones de prevenir la violencia contra la prensa, proteger e investigar ante delitos cometidos en contra de la libertad de expresión.
Con información de Artículo 19
