Por Leslie Gordillo/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN. – Actos de omisión y comisión de autoridades tanto municipales como estatales a las víctimas del 9 de noviembre es lo que prevalece luego de 4 meses, por lo que denunciaron imposible acceso a la justicia.
Señalaron que si bien el juicio contra los 11 mandos policíacos imputados es un avance, se trata de una denuncia por actos de omisión, sin embargo, la impunidad persiste por los disparos a periodistas y manifestantes.
“Tenemos los procesos estandacados. Nosotros como víctimas no estamos participando como observadores, no estamos haciendo aportación alguna… Lejos de proceder a detener o que se esclarecieran los hechos, provocaron ocultamiento de evidencias, obstrucción de investigación y es lo que la Fiscalía está acusando y es lo mismo contra los regidores, ellos debieron haber cuidado a la policía de que cumplan con la normaticidad, al no hacerlo, consideramos que los regidores también son responsables de delito”, explicó el abogado del caso.
Asimismo, respecto al proceso que se abrió al Cabildo municipal, la alcaldesa y el entonces secretario estatal de Seguridad, reiteraron que es un llamado a que las autoridades tomen temas de vital importancia como los delitos contra los derechos humanos, porque fueron ellos como autoridad quienes permitieron lo ocurrido el 9 de noviembre, con su omisión, pasividad o complicidad.
Insistieron en que existe una total falta de protocolos para la atención de situaciones de violencia social, por lo que al no ocupar ningún medio no violento para disuadir la confrontación, por lo que existe el mismo nivel de responsabilidad para el municipio que los elementos de seguridad pública que dispararon ese día.
“Queremos manifestar que el día de hoy estamos en apoyo de nuestras compañera que ese mismo día fueron violentadas en sus derechos en sus personas, no solamente por ser periodistas o manifestantes, fueron violentadas por ser mujeres y eso no dejaron de recordarlo los funcionarios públicos que nos disparaban y torturaban, ese día se vio que la corporación policíaca y la administración pública están llenos de odio y violencia a las mujeres”, externó.
Enfatizaron que es una obligación de la sociedad en general incluido el estado y de los organismos defensores de derechos humanos el no permitir que quede ese referente para el futuro, porque si no hay justicia, ni reparación de daños, se podrían repetir, costar la vida, integridad y derechos de estas y futuras generaciones.
